El día 24 de octubre se publicó por fin en el BOE la muy esperada resolución de la Secretaría de Estado de I+D+i por la que se convocaban los programas de contratación de investigadores Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo.

La convocatoria presenta algunas diferencias importantes con respecto a convocatorias anteriores. Aquí me voy a centrar en dos: sobre el proceso de evaluación, y sobre el modelo de financiación. La segunda en particular me parece muy preocupante.

El proceso de evaluación

Por vez primera se va a realizar en dos fases. La primera fase, como en ocasiones anteriores, la llevará a cabo una comisión de evaluación (más o menos) disciplinar, a imagen de las áreas de conocimiento que rigen la ANEP. Hasta aquí nada sustancialmente nuevo.

La gran novedad vendrá después, con la constitución de una serie de comisiones ‘multi-disciplinares’ que reagruparán las 25 áreas de conocimiento de la ANEP en 4 macro áreas. Así, por ejemplo, se constituirá un área general de Ciencias Sociales y Humanidades donde compartirán mesa de trabajo evaluadores procedentes de las áreas de Educación, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Filosofía y Filología, Historia y Arte, y Psicología.

Los criterios de evaluación establecidos por la convocatoria en esta segunda fase son, a mi parecer, muy poco claros, y temo que no contribuyan al diálogo y la comprensión entre disciplinas. Dice la convocatoria:

Para los Ramón y Cajal (Art. 30): “Potencial del candidato para ser responsable de un grupo de investigación o de una línea de investigación independiente y su relevancia como investigador dentro del ámbito internacional de investigadores con un perfil similar al suyo, en aspectos tales como el área temática y la edad: Hasta 20 puntos.”

Para los Juan de la Cierva (Art. 47): “Perspectiva de que el candidato alcance un nivel científico relevante en el ámbito internacional de su área temática, a la vista de su trayectoria, la del grupo receptor y la del investigador tutor: Hasta 20 puntos.”

Espero equivocarme pero ahora mismo no veo nada claro cómo estos criterios van a ayudar a que (digamos) un economista y un arqueólogo se pongan de acuerdo. Los primeros suelen trabajar solos, publican en revistas muy especializadas, a menudo empiezan a despuntar muy jóvenes. Los segundos suelen trabajar en grupo, en ocasiones incluso con comunidades locales, y se prodigan en muy distintos medios de comunicación y divulgación. Tan ‘relevante’ es la ciencia de los primeros como la de los segundos, pero los tiempos de formación, de madurez y de sociabilidad de una disciplina académica y otra son muy distintos. Y los criterios de la convocatoria no ayudan desde luego a compararlos.

Finalmente las comisiones podrán, si así lo estiman oportuno, solicitar información adicional de los candidatos, “en forma electrónica, mediante videoconferencia o mediante entrevista presencial”. Esta última posibilidad, la de hacer entrevistas (presenciales o por videoconferencia), me parece una gran mejora respecto de convocatorias anteriores. Aquí sí que no dudo en dar la enhorabuena a los responsables.

El modelo de financiación

Sin embargo, la novedad más importante de la convocatoria la constituye la exigencia de co-financiación que se les impone a los Centros de I+D contratantes. Copio del Artículo 20 de la resolución, en el que se especifican los términos de la co-financión exigida para los contratos Ramón y Cajal (el Artículo 40 recoge una disposición similar para los contratos Juan de la Cierva):

“La ayuda anual para cada uno de los contratos será de 33.720 euros. Esta ayuda se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los investigadores contratados durante cada una de las anualidades, consideradas independientemente. La retribución mínima que deberán recibir los investigadores, que se deberá indicar en cada contrato, será de 31.600 euros brutos anuales. En consecuencia, el Centro de I+D debe asumir el coste de contratación que exceda de la ayuda concedida así como cualquier incremento retributivo correspondiente a años posteriores de los investigadores contratados, incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra incidencia.”

¿De dónde puede salir el dinero con que un Centro asume la co-financiación de un Ramón y Cajal o un Juan de la Cierva? Empecemos diciendo de dónde *NO* puede salir. Desde la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del CSIC se nos ha aclarado hoy que “En relación a la financiación, estos contratos, y las prórrogas de los vigentes que se soliciten, NO podrán cofinanciarse con créditos de proyectos, ya sean del Plan Nacional, convocatorias autonómicas, de la Unión Europea o internacionales; tampoco podrán cofinanciarse con los 40.000€ de ayuda adicional que reciben los contratados Ramón y Cajal, según ha confirmado el MINECO. Sólo podrán cofinanciarse, por lo tanto,  con remanentes que no haya que justificar y que estén a disposición de los Centros o de los grupos de investigación.” (email de Eusebio Jiménez Arroyo, Vicepresidente Adjunto de Programación, 7 de noviembre del 2012).

¿Qué pueden ser esos ‘remanentes que no requieren justificación’? Podrían ser por ejemplo ‘overheads’: los costes de estructura que toda institución grava al concesionario de un proyecto de investigación. Aunque esas partidas suelen ir destinadas a cubrir gastos de estructura (inmuebles, gastos materiales, oficina, electricidad, agua, etc.) podría darse el caso que un centro que ha tenido la fortuna y el buen hacer de resultar concesionario de muchos proyectos de investigación llegara a acumular tal cantidad de ‘overheads’ que decidiera disponer libremente de ellos sin poner en peligro su organización estructural. Ahora bien, ¿qué grupos se pueden permitir esos dispendios? Siempre hay excepciones pero lo normal es que se trate de grandes grupos de investigación, capaces de movilizar muchos recursos, probablemente con una red de ‘stakeholders’ muy amplia.

En Ciencias Sociales, por ejemplo, el promedio de los proyectos financiados por el Plan Nacional estos últimos años ha venido rondando los 35,000€ por tres años. Las instituciones suelen quedarse aproximadamente un 20% en ‘overheads’. Por tanto, un grupo de Ciencias Sociales podría disponer, en el mejor de los casos, de 7,000€ para destinar a la co-financiación de un Ramón y Cajal. ‘En el mejor de los casos’ porque lo normal es que los ‘overheads’ se gestionen desde la administración central de una institución; está por ver que un grupo de investigación reclame con éxito esos ‘overheads’ para uso propio. Y en cualquier caso, para el común de los grupos de investigación, esto no sería suficiente: aunque distintas instituciones hacen las cuentas de distintas maneras, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC se ha estimado que la aportación adicional que un centro o grupo de investigación debe hacer para cubrir los gastos de un Cajal se cifra en 10.830,72€ al año. En el caso de los Juan de la Cierva el coste anual se cifra en 6.514,66€.

Quedarían otras opciones. Sería el caso de aquellos centros o grupos de investigación capaces de atraer financiación privada: de fundaciones, empresas (laboratorios, tecnológicas, etc.) o incluso grupos dispuestos a experimentar con nuevos modelos de “crowdfunding”. Aunque no va de suyo con el modelo de financiación, es muy probable que estos grupos de investigación – alentados, claro, por sus patrocinadores – recelen de sus investigaciones. Nos encontraríamos entonces con una situación muy curiosa: científicos “públicos” (los Ramón y Cajal) haciendo ciencia “privada”. Estoy caricaturizando la situación, aunque me temo que la historia de la ciencia de los últimos treinta años refrenda tal lectura.

La conclusión: Nos encontramos  con una situación en la que no todos los grupos de investigación pueden competir en igualdad de condiciones por los mejores científicos. La convocatoria de este año favorece a aquellos grupos que cuentan con financiación privada, o con ‘remanentes que no requieren justificación’. A mi juicio esto genera una importante distorsión en un modelo de política científica que se presupone pública. Las Ciencias Sociales y las Humanidades siempre han dispuesto de menos recursos en el reparto general de la ciencia pública. Sin embargo, la exigencia de co-financiación impuesta por la convocatoria de los Ramón y Cajal de este año genera desigualdades mucho más profundas. Lo que está en juego ya no es el *reparto* de recursos sino el *acceso* a ellos. La convocatoria discrimina entre grupos de investigación: entre los que ya tienen recursos y los que no los tienen; entre los que tienen redes mediáticas y stakeholders y los que no; entre los que hacen una ciencia propietaria y con intereses de mercado y los que trabajan en el ámbito de lo público y lo abierto.
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